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Suelos rústicos a efectos del Impuesto de Bienes inmuebles

junio 1, 2020

¿Qué es el impuesto de bienes inmuebles?

 

El impuesto de bienes inmuebles (IBI), es la contribución que se ocupa de gravar el valor de los bienes inmuebles. Es un tributo directo de titularidad municipal que tiene un carácter periódico, real y obligatorio en todos los municipios.

¿Qué se entiende por suelo rústico?

Se entiende por suelo rústico al suelo destinado normalmente a uso agrícola, ganadero o forestal en virtud de su valor productivo, o en su defecto, por sus condiciones naturales, ambientales, o ecológicas, que lo hacen no encuadrable dentro de los suelos de naturaleza urbana o dentro del catálogo de bienes inmuebles de características especiales.

De lo anterior, ¿cómo podemos definir el IBI sobre suelos rústicos?

 

A efectos del IBI, se considerarán rústicos -y por tanto, no sujetos a plusvalía-, los terrenos transmitidos que sean urbanizables pero sin que aún haya sido aprobado el instrumento urbanístico de desarrollo.

Lo anterior se ve robustecido con la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 30 de mayo de 2014, Rec. 2362/2013, la cual, tras una larga exposición de la normativa catastral y urbanística, en su Fundamento Jurídico Sexto, en interpretación del controvertido artículo 7.2 b) del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), llega a la siguiente conclusión:

“(…), Antes al contrario, hay que entender que el legislador catastral, quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata, donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores trámites de ordenación, de aquel otro que, aunque sectorizado, carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que, a efectos catastrales, sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo sectorizado ordenado, así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento, el suelo tendrá, como la dice la sentencia recurrida EDJ 2013/67585, el carácter de rústico.

Si no se aceptara esta interpretación, perdería de sentido el último inciso del artículo 7.2 b) TRLCI, cuando dice que los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo, porque este momento no puede ser el momento de sectorización o delimitación del terreno urbanizable, si éste se disocia del momento de aprobación del instrumento urbanístico de desarrollo”.

Como podemos advertir, abunda la Sentencia indicando que este razonamiento es el más acorde si interpretamos las normas catastrales y urbanísticas de forma conjunta, evitando con ello, que se graven bienes por un valor superior al real.

De tal forma, ¿cuál es el objeto de delimitar la naturaleza de los suelos?

Lo que pretende la normativa en alusión -TRLCI-, tal como se desprende del juicio valorativo del Alto Tribunal, es el evitarconsiderar que un bien, de la mano del antiguo y desenfrenado “boom inmobiliario”, haya sido considerado como urbano (cuando había visos en el pasado de que llegase a serlo) y que, tras la crisis económica, casi con total seguridad nunca llegará a ostentar dicha condición urbanística (al menos en el medio plazo). Así, “escuchemos” lo dispuesto al respecto en su Fundamento Jurídico Séptimo de la indicada Sentencia de 30 de mayo de 2014:

“Es cierto, que la Ley 8/2007, de 18 de mayo, del Suelo, supuso un cambio en la configuración del derecho de propiedad, al reconocer lo que ella denomina dos situaciones básicas, el suelo rural y el suelo urbanizado, terminando así la diferenciación establecida por la Ley 6/1998, de 13 de abril, que distinguía entre suelo urbanizable o no urbanizable, urbano y el suelo de los municipios donde no existía planeamiento, y que los efectos de este cambio se circunscriben a las valoraciones a efectos de expropiación forzosa, venta o sustitución forzosa y responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, si se desconectan completamente ambas normativas, nos podemos encontrar con valores muy diferentes, consecuencia de métodos de valoración distintos, de suerte que un mismo bien inmueble tenga un valor sustancialmente distinto según el sector normativo de que se trate, fiscal o urbanístico, no siendo fácil justificar que a efectos fiscales se otorgue al inmueble un valor muy superior al que deriva del TRLS, obligando al contribuyente a soportar en diversos tributos una carga fiscal superior, mientras que resulta comparativamente infravalorado a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial.

Por otra parte, como para calcular el valor catastral se debe tomar como referencia el valor de mercado, sin que, en ningún caso, aquel pueda superar a este último (art. 23.2 del TRLCI) si las ponencias de valor no reconocen la realidad urbanística, podríamos encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral del mercado, con posible vulneración del principio de capacidad económica, que no permite valorar tributariamente un inmueble por encima de su valor de mercado, porque se estaría gravando una riqueza ficticia o inexistente”.

Incluso, el Tribunal Supremo, blinda su interpretación, trayendo a colación las distintas normativas urbanísticas, que entienden que el suelo no será urbano, hasta tanto las tareas de urbanización no se hallen del todo culminadas, aseverando que es vital la conexión de esta normativa con la del Catastro.

A mayor abundamiento, en idéntico sentido al expuesto por el Alto Tribunal, traemos a colación, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 1306/2013, de 27 de septiembre, [JT\2012\1202], que afirma:

“[…] el inmueble será urbano a los efectos del IIVTNU cuando disponga materialmente de naturaleza urbana y cuando esté clasificado como urbano. Al último se equipara el declarado urbanizable que se halle incluido en sectores o ámbitos espaciales delimitados o respecto de los cuales se haya aprobado el instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo[…]”, así como que “la STS de fecha 26 de febrero de 2010, que reproduce el criterio de la STS de 26 de febrero de 2009, interpreta el artículo 7.2 de la Ley del Catastro, estableciendo que para considerar la naturaleza urbana de los terrenos es preciso que éstos se hallen sectorizados dentro del Suelo Urbanizable Programado y sometidos a un Plan de Actuación ya que no todas las fincas en el ámbito territorial de un municipio están sujetas a este Impuesto, que tiene como soporte los solares o el suelo urbano o el urbanizable programado o el que vaya adquiriendo esta última condición con arreglo a las normas urbanísticas, incluidas las contenidas en los Planes de Ordenación”.

Igualmente, laSTSJ de Madrid, de 27/09/2012, Rec. 536/2012, que razona que:

“La STS de fecha 26-2-2010, que reproduce el criterio de la STS 26-02-2009, Rec. 63/2007, EDJ 2009/32199, interpreta el art. 7.2 de la Ley del Catastro, establecido que para considerar la naturaleza urbana de los terrenos es preciso que éstos se hallen sectorizados dentro del Suelo Urbanizable Programado y sometidos a un Plan de Actuación, ya que no todas las fincas en el ámbito territorial de un municipio está sujetas a este Impuesto, que tiene como soporte los solares o el suelo urbano o el urbanizable programado o el que vaya adquiriendo esta última condición con arreglo a las normas urbanísticas, incluidas las contenidas en los Planes de Ordenación”.

Por lo descrito con antelación, ¿cuántas clases de suelos encontramos dentro de nuestro ordenamiento legal?

Es oportuno distinguir, por lo que ahora nos ocupa, dos clases de suelos:

  • Los llamados suelos ordenados o programados, que son aquellos que están comprendidos en sectores que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en cuestión establece su ordenación detallada sin necesidad de Plan Parcial o de otro instrumento de desarrollo. Por tanto, en este supuesto, tales suelos son urbanos a efectos del IBI.
  • Los llamados no ordenados, los cuales son aquellos que igualmente se hallan incluidos en sectores, pero que para su desarrollo exigen un Plan Parcial o un Programa de Ejecución, en las condiciones y términos establecidos por el PGOU. En este caso, tales suelos no serán considerados como urbanos, a efectos del IBI, hasta tanto no sea aprobado definitivamente el instrumento de desarrollo.